Sí a la vida. No a las papeleras
Movilización a la Embajada de Finlandia
Jueves 29, 11 horas.
Av. Santa Fe y 9 de Julio
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú
ADHIERE Tribuna Ambiental
Fuera Botnia.
|
MACH Patagonia
El Tigre Verde
¿Saneamiento ambiental o malversación de dineros públicos?
El saneamiento de la cuenca Riachuelo/Matanza en manos del régimen político actual permite asegurar, por los primeros datos, que Maria Julia será canonizada luego que se revisen los actos de la actual gestión.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia (28/7/08) "Mendoza, Beatriz y otros c. Estado Nacional y otros por daños derivados de la contaminación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo", demanda al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma, a 44 empresas, 14 municipios y al Ceamse. El monto reclamado es de 3.500 millones de dólares, cifra insuficiente para reparar los daños al ambiente y a 3 millones de contaminados que viven sin agua potable el 40 por ciento de ellos, y el 60% sin cloacas.
Son 1.500 las empresas que vuelcan residuos en el Riachuelo; en dos años Ufima constató 237 causas por contaminación patronal: 67 empresas de Capital y 170 de PBA (42 Avellaneda, 37 Matanza, 33 Lanús y 24 Lomas) Clarín 13/6. Esta ridícula cantidad se debe a la falta de voluntad política, ya que no hay estadística sobre los envenenadores.
A más de un año del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento: 1) no hay avances; 2) oficialmente se desconoce el número de industrias en la cuenca; 3) no hay datos sobre el estado epidemiológico de los 3 millones que viven en contacto con los residuos industriales; 4) no hay un cronograma oficial de las obras.
El fallo se encamina a la estafa, no se avanzó en concretar el cobro de daños a 44 empresas responsables, quienes ya prendieron el ventilador señalando ¿por qué sólo 44 si por lo menos somos 3.500 industrias en iguales condiciones? La Justicia no fue sobre las responsabilidades políticas y económicas del desastre ecológico en ninguno de los 14 municipios.
En términos de negocios ¡sí que ha prosperado el fallo! La propia Pamela Cox, vice presidenta del Banco Mundial, les comunicó a funcionarios del gobierno K y a diputados de la "oposición" UCR (Azcoiti), del SI (Raimundi) y al PRO (Pinedo), que se aprobó un crédito de 1.600 millones de dólares para el saneamiento; a esto hay que agregar otros 1.300 millones de dólares con los que está anotado otro benefactor de la humanidad, el BID (Infobae, 13/5).
En junio llegaron 840 millones de dólares "hijos de un plan anterior demorados por sucesivos contratiempos y objeciones". El dinero "no integra los u$s 3.300 acordados por el Banco Mundial como parte del plan estratégico hasta 2012" (La Nación, 10/6). El secretario de Ambiente de la Nación, Bibiloni dijo: "Aunque no se puede precisar la fecha exacta del comienzo de obras, se prevé el desembolso de una partida anticipada de u$s 4 millones como adelanto del crédito para construir tres sedes de la Acumar" (La Nación, 6/7).
En términos de la manipulación de la deuda externa tenemos una larga experiencia en licitar para la patria contratista, subsidiar a capitalistas quebrados, dar crédito a los que están en bancarrota, que los trabajadores paguen los costos y corromper al funcionariado. En 1997. parte de un crédito del BID de u$s 150 millones para el saneamiento fue desviado a otros fines (La Nación, 6/7).
El cobro de multas y la amonestación a Díaz Perez y Rossi del 28/10 terminó en "una joda de Tinelli", cuando el juez suspendió las multas con un argumento que él mismo con sus palabras pone bajo sospecha: "Las jurisdicciones presentaron el plan integral y hay un inicio de ejecución de obras y pedí más detalles sobre el plan. Esperemos que esto continúe y que no sea una puesta en escena" (Clarín, 4/11).
La recomendación judicial incluye desalojar vecinos de la ribera (Villa Jardín, 10 de enero, Acuba, etc.), a los que más de una vez Díaz Perez prometió "generarles viviendas en un predio de Vialidad cercano" (www.lanus.gov.ar, 16/7).
Sacar la feria de La Salada es una tarea que afectará una caja negra "de la Corona", va a ser bueno ver maniobrar al nuevo intendente de Lomas de Zamora, "quien se comprometió con el Juez a poner manos a la obra en 30 días" (La Nación, 4/11).
Los terrenos de Acuba están en disputa por especuladores relacionados a las curtiembres y a otros capitalistas; los sin techo de Acuba fueron tomados como masa de maniobra por el propio Díaz Perez en 2007 y ahora también cuando le señaló al juez que había "distraído" durante 60 días 2.700.000 pesos del muro porque había que reubicar gente.
La protección de medio ambiente se complejiza, ahora hay un pedido del defensor del pueblo para que el predio de Santa Catalina (Reserva Ecológica) en Lomas de Zamora, comprado -se dice- por Covelia/Moyano para un proyecto inmobiliario, sea parte del saneamiento y que Acumar presente un plan de ordenamiento que lo preserve. La defensa del lugar ya está en manos de los vecinos movilizados que juntaron 45.000 adhesiones.
Una broma macabra fueron los anuncios en febrero de Masa, Bibiloni y Cristina K respondiendo al fallo: "Se iniciará el saneamiento de la cuenca. El primer tramo de inversión es de 300 millones de pesos, para obras y cloacas para 450 mil habitantes, se empieza en la tercera semana de febrero. Empleo a 1.800 personas. Vamos a la extracción de buques junto con Prefectura y la Secretaría de Política Ambiental y un programa de reconversión industrial de 45 millones de pesos para 4.100 industrias de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo" (Infobae, 6/2).
Para evitar una nueva estafa:
1. Apertura de los libros de Acumar, de los 14 municipios y de los empresarios depredadores, bajo fiscalización obrera.
2. No al desalojo de los trabajadores.
3. Creación de un fondo para el saneamiento ambiental y el plan de viviendas obreras, financiado íntegramente por los depredadores.
4. Elección de Comisiones de seguridad e higiene ambiental en toda empresa, fábrica, taller, escuela y barrio, por asambleas que, con poder de veto, vigilen y establezcan normas ambientales a favor de la salud obrera/vecinal y contra el fraude laboral, responsable de la mayoría de los accidentes.
5. Censo médico ambiental y laboral urbano, barrial y rural, cubriendo las vacantes existentes de médicos y enfermeras en hospitales y salas de emergencia.
6. Red de cloacas, agua y gas bajo control obrero y vecinal.
7. Indemnización a los afectados por la contaminación y sus familias. Tratamientos médicos financiados por las empresas contaminadoras.
8. Construcción de plantas depuradoras financiadas por los depredadores industriales y bajo control de comisiones obrero/vecinales
8. No al pago de la deuda externa.
Lisandro Martinez
Decano minero se disfraza de ambientalista
Aunque la mona se vista de seda
El Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA organiza para el lunes 30 de noviembre el panel “Minería, movimientos sociales y universidad”. Considerando el importante movimiento universitario en todo el país contra las políticas de mercantilización de las universidades públicas que ha denunciado a las autoridades universitarias que han aceptado fondos provenientes de Bajo La Alumbrera, uno podría, ingenuamente, esperar que esta fuera una actividad que se suma a los numerosos foros, charlas, actividades que en todo el país docentes, estudiantes y no docentes organizan contra la minería contaminante y la política de las autoridades universitarias. Lejos está de eso. La apertura de dicho panel está a cargo del decano Trinchero (hoy supuestamente reelecto en medio de maniobras antiestatutarias), que ha votado este mismo año a favor de la aceptación de los fondos de la minería contaminante, justificándolo en que “se han hecho señalamientos en torno de que dicho emprendimiento minero es altamente contaminante y, por ende, peligroso para la salud de la población, y como tal repudiable como modelo de desarrollo. En otros informes se asegura que esto no es así” (sic), agregando que “como todo dinero puede ser considerado sucio, o como se lo quiera tildar, ya que hablamos de la madre de las mercancías del sistema capitalista” (Página/12, 7/9).
Tanto estudio y tanta escritura para intentar justificar lo injustificable: aceptar que las universidades públicas se financien con los dineros provenientes de la explotación y la muerte de los trabajadores, fondos de una empresa procesada penalmente por contaminación. Al panel su suma el profesor Carlos Reboratti, quien ha escrito sosteniendo que Botnia no contamina e instando a la Asamblea de Gualeguaychú a levantar el corte de ruta que sostienen desde hace tres años. Esta actividad se presenta como una maniobra más de los que intentan mediante la confusión bloquear tanto la lucha contra la depredación ambiental y laboral como la lucha de los docentes, estudiantes y no docentes contra la política de mercantilización de la UBA.
Llamamos a los trabajadores y estudiantes de la UBA a consolidar la lucha contra la depredación ambiental y laboral y contra la mercantilización y privatización de las universidades públicas y a participar en una columna universitaria de la Marcha Ambiental del 12 a las 12 bajo la consigna de “No a los fondos de las mineras en las universidades públicas”.
Fabiola Ferro
Contaminación, contrabando, evasión. Fuera las mineras
El Segemar (Servicio Geológico Minero Nacional), brazo técnico de la Secretaría de Minería de la Nación, emitió hace poco más de un año un informe sobre muestras de agua tomadas en el río Vis Vis, a partir de la denuncia iniciada en la Justicia federal por la familia Flores Casas, que sufrió las consecuencias directas de la contaminación ocasionada por el dique de colas de Alumbrera.
La familia Flores-Casas debió abandonar su vivienda y finca, luego de que murieran sus animales y se secaran sus plantas, único medio de sustento. La historia está retratada en la película “Acecho a la ilusión”, de Patricio Schwaneck.
El informe del organismo es mendaz, incompleto y tendencioso. “Intenta salvar a Alumbrera”, dicen los asambleístas de Santa María que se oponen a la minería a cielo abierto.
El informe confirma la presencia de 40 metales en los sedimentos presentes en la cuenca interior del río Vis Vis. Se halló plata, berilio, aluminio, arsénico, cobre, molibdeno, antimonio, bromo, calcio, cobre, estroncio, uranio, torio y la presencia de las llamadas “tierras raras” entre otros. Queda claro que Alumbrera transporta, además de oro y cobre, otros minerales que no están declarados ante la Afip y son un secreto de Estado para el pueblo.
La presencia de uranio y torio es lo más preocupante. Sabemos que uranio es igual a cáncer y que esta enfermedad, que antes existía en números marginales en los pueblos aledaños a la mina, ha aumentado hasta un 600% en los últimos 15 años.
El informe al que hacemos mención fue firmado por los técnicos Herrero y Fripozzi.
Llevemos delante un juicio político ambiental, unamos los esfuerzos para poner en pie un plan de lucha que tenga por objetivo echar a las mineras.
E. Traverso
La acción criminal de la Alumbrera
Vecinos autoconvocados de Andalgalá, el 28 de octubre, salieron a la madrugada a interceptar a tres camiones de Alumbrera que entre Villa Vil y Andalgalá (una distancia de 50 kilómetros) llevaban material de drenajes ácidos y derrames tóxicos. Alertados por una voz anónima se movieron hasta la ruta para enfrentar a los vehículos que transportaban a cielo abierto este material. El mineraloducto que atraviesa 316 kilómetros por territorio catamarqueño hasta llegar a Ranchillos (Tucumán) se ha roto varias veces, si bien el contrato estipula que a la tercera rotura debe cambiarse todo el caño, la idea de la empresa siempre es la de ahorrar, aunque esto le cueste finalmente a la población de Catamarca, Tucumán y hasta Santiago del Estero.
Los líquidos fluidificantes, los detergentes que se emplean para lavar el mineral son altamente tóxicos, toda esta escoria de metales pesados y sopa química, es sembrada a lo largo del recorrido del ducto y luego depositada en el canal dp2, la contaminación llega hasta el dique frontal de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y hasta la laguna de Mar Chiquita (Córdoba). Como agravante, se calcula que Alumbrera habría ganado unos 50.000 millones de dólares hasta la fecha y paradójicamente no tiene los elementos necesarios para medir el nivel de radioactividad.
El PO convoca a las distintas organizaciones a un acto de protesta en la puerta de la Secretaria de Minería el próximo viernes 6 de noviembre. Fuera Alumbrera, no a Agua Rica.
