El gobierno de Santa Cruz preparó la semana pasada la “entrega final” de los yacimientos petroleros. El jueves 25 de marzo, la Cámara aprobó el llamado “Marco regulatorio para la prórroga de las concesiones petroleras y gasíferas”.
En lo fundamental, el proyecto oficial es una reglamentación de la Ley de Concesiones dictada bajo el menemismo.
A cambio de la prórroga de los contratos hasta el año 2027, la provincia recibirá tres dólares adicionales por barril extraído, lo que no cambia en nada la magnitud de la entrega. El anzuelo de esta ruinosa negociación es un “canon de prórroga”, que se cobraría en forma más o menos inmediata, para salvar “el agujero negro” del presupuesto provincial. En suma: Peralta entrega la “casa” para pagar las cuentas de almacén.
El marco regulatorio abunda en difusas promesas o compromisos en materia de control o cuidado ambiental. Sin embargo, todos conocemos los desastres ambientales, laborales y económicos ocurridos en los casi 20 años que llevan las concesiones.
La prórroga de los contratos se produce en el marco de un “reacercamiento” entre Kirchner y Peralta. La prenda de unidad no es otra que los intereses de los pulpos petroleros y, particularmente, de Repsol-YPF. Sus directivos vienen prometiendo una “reactivación de las inversiones” que nunca llega. Mientras tanto, está negociando su venta en favor de otros pulpos. La prórroga de los contratos, que acrecentará el valor de Repsol, es un traje a medida de ese negociado.
Hace dos años se firmaba un contrato similar con Panamerican Energy y miles de santacruceños nos opusimos a este contrato. Tiempo después, el gobierno que firmó el acuerdo con Panamerican fue derrotado en las urnas. Peralta-Kirchner no tienen autoridad para avanzar con este negociado.
El FUT-Partido Obrero reclamó el retiro del proyecto, denunció el negociado de la venta de YPF y se movilizó frente a la Cámara el día de la sesión.
Esta pelea recién comienza ya que a partir del marco regulatorio tendrán que firmar los acuerdos con YPF, OXI y Petrobras, los que luego deberán ser ratificados por la Cámara. A cada paso irá creciendo la movilización contra la entrega.
El FUT-Partido Obrero sostiene que hay una alternativa: caducar los contratos, expropiar las instalaciones sin indemnización y organizar la explotación bajo control de los trabajadores y técnicos.
